COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Derecho de acceso a la información e impulso de investigaciones penales para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Extracto de la Sentencia de la Corte Constitucional, Colombia, 3 de diciembre de 2007 [artículos de revistas]. 2008, Jul-Dic. Publicado en: Diálogo jurisprudencial, n.5 , 1-56

Con base en estándares internacionales de derechos humanos, la Corte Constitucional de Colombia estableció criterios sobre el derecho a acceder a información respecto a los nombres, códigos institucionales, unidades y línea de mando de los integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban en lugares y momentos que se alegan relacionados con violaciones de derechos humanos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Asimismo, dado que esta Comunidad se encuentra protegida a través de medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de tutela emitidas por la propia Corte Constitucional, éste Tribunal dispuso una serie de medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad de los miembros de dicha Comunidad. La Corte Constitucional solicitó a la Fiscalía General de la Nación un in- forme detallado sobre las investigaciones penales que se adelantan con ocasión de los crímenes cometidos contra la Comunidad de Paz. Para ello, el Tribunal Colombiano tuvo en cuenta las órdenes emitidas por la Corte Interamericana en seis resoluciones sobre medidas provisionales relativas a esta Comunidad. La Corte resaltó el “principio de la máxima divulgación”, esto es, la regla de acceso general a la información que poseen las autoridades públicas como condición fundamental para la existencia del Estado democrático. En relación con los criterios para decidir sobre restricciones al derecho de acceso a la información, la Corte se refirió a la Opinión Consultiva OC-5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Huma- nos) y analizó en detalle el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.