Dispute settlement and customary indigenous legal practice in a Multicultural Guatemala: empirical d...

HENDRIX, STEVEN E. ; FERRIGNO F., VÍCTOR. Dispute settlement and customary indigenous legal practice in a Multicultural Guatemala: empirical data on conflict resolution and strategies to advance access to justice un rural areas [artículos de revistas]. 2003, Dic. Publicado en: Sistemas Judiciales, v.3 N.6 , 108-119

Luego de 36 años de una guerra civil que dejó más de 200 mil muertos, los acuerdos de paz en Guatemala intentaron avanzar en la resolución de conflictos, entre otros objetivos. La población rural guatemalteca es mayormente pobre, de origen maya y está marginada de las vías formales de acceso a la justicia. Sin embargo, la población indígena tiene una larga historia en la utilización de mecanismos de resolución de conflictos basados en la tradición y en la autoridad. De todas formas, la intolerancia oficial refleja un profundo problema de discriminación étnica y discriminación que data de cientos de años. Este documento presenta un estudio empírico centrado en cinco grupos lingüísticos con el objetivo de evaluar cómo son resueltos los conflictos en la mayor parte de las zonas de población indígena. Curiosamente, los "mediadores naturales" de conflictos a nivel local no son autoridades religiosas, ancianos o policías , sino que los datos empíricos muestran que los mediadores ideales son personas de entre 30 y 39 años. Pocos son los que utilizan los mecanismos de la justicia de paz, las mujeres raramente son vistas como potenciales mediadoras y los conflictos más comunes giran en torno a las disputas por tierras, al alcohol, robos, violencia doméstica y los problemas entre vecinos. El sistema formal es visto como menos capaz de dar respuesta a estos problemas, al no poder superar las dificultades del lenguaje y las flaquezas del servicio. La información recolectada es importante porque señala cómo los donantes deberían refocalizar sus esfuerzos para atender los conflictos en Guatemala. El trabajo con alcaldes y gobiernos locales, más que las cortes o los concejos de ancianos, puede ser la vía más efectiva para expandir el camino del acceso a la justicia para aquellos que han estado tradicionalmente excluidos, especialmente los pobres, las mujeres y los niños.